Carlos Mesa condena expulsión de ciudadanos venezolanos y afirma que se debe a razones políticas

Carlos Mesa condena expulsión de ciudadanos venezolanos y afirma que se debe a razones políticas

(Lunes, 18 de marzo de 2019). – El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, condenó la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar a ciudadanos venezolanos que dejaron su país por la dictadura de Nicolás Maduro. “Esta acción se tomó por razones políticas, no legales”, sostuvo.

La expulsión que realizó el gobierno de ciudadanos venezolanos fue calificada de inaceptable por el líder de Comunidad Ciudadana, debido a la contravención de los protocolos internacionales que protegen los derechos humanos de los migrantes.

“Es inaceptable la decisión del gobierno de expulsar a ciudadanos venezolanos que huyen del régimen de Maduro sin seguir los protocolos mínimos del derecho internacional para migrantes, sin que se siga el debido proceso, sin que sean escuchados por un juez”, sostuvo.

Según el gobierno de Evo Morales, por un lado, finge promover la “ciudadanía universal” y, por el otro, expulsa a ciudadanos venezolanos que huyen de Maduro y demandan libertad, democracia y mejores condiciones de vida, indicó.

El pasado domingo 17 de marzo, 14 ciudadanos venezolanos fueron trasladados a oficinas de Migración en contra de su voluntad desde la Casa del Migrante de la Pastoral de Movilidad Humana en La Paz. Seis de ellos fueron sometidos a una “salida obligatoria” del país, alegándose una “irregularidad migratoria”, sin especificarse si se los dejó en la frontera o si se los entregó a personeros de la dictadura venezolana, lo que en términos de Derecho Internacional y Derechos Humanos es sumamente delicado, explicó Mesa.

Según el comunicado del Ministerio de Gobierno, los venezolanos “admitieron” estar involucrados en “actividades conspirativas”, pero no se señala a qué hechos se refieren ni se conocen las circunstancias en que se auto incriminaron.

Bolivia es un país firmante del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) de la ONU y no pasaron tres meses para que el Gobierno ponga en duda sus compromisos con la comunidad internacional. Este pacto señala en su artículo 11, en las responsabilidades compartidas por los Estados: “tenemos la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio”. Por ello, “una situación migratoria irregular es insuficiente para que se expulse a los migrantes”, concluyó.

Asimismo, Bolivia es parte de la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes (2016), antecedente inmediato del Pacto Mundial, donde los firmantes se comprometen a “proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su estatus migratorio, en todo momento.”

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