PROYECTO DE LEY   “LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

PROYECTO DE LEY “LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Constitución Política del Estado reconoce en los artículos 21 numeral 6 y 106 parágrafo I el derecho de las bolivianas y bolivianos a acceder a la información y en el artículo 24 el derecho de toda persona a la petición de manera individual o colectiva.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19 numeral 2 reconoce el derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 numeral 1 reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras.

La Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 24 que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.

Uno de los contenidos y alcances más importantes del derecho a la información es el acceso de los ciudadanos a la información pública, aquella que es generada, procesada y/o registrada por el Estado, en todos sus niveles e instituciones; este acceso es vital para la transparencia de la gestión pública, la preservación de la democracia y el pleno ejercicio de los derechos políticos, civiles, sociales y económicos de las personas. 

Para garantizar el acceso a la información pública de todas las personas, en general, y de los periodistas y medios de comunicación, en particular, es necesario y urgente sancionar una “Ley de Acceso a la Información Pública”, que desarrolle las normas constitucionales y convencionales citadas en los párrafos precedentes y que incluya garantías operativas y efectivas para que la información pública esté disponible de manera oportuna, completa y veraz para el conjunto de la sociedad boliviana.

La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, electrónica, digital, artística o por cualquier otro procedimiento, quedaría cercenada si no se sanciona y promulga una “Ley de Acceso a la Información Pública”, de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, tanto del nivel central como de los niveles autonómicos y descentralizados, que comprenda en su campo regulatorio a todos los órganos del Estado.

La Resolución N° 1932 adoptada por la Organización de los Estados Americanos, en  su sesión plenaria del 10 de junio de 2003, establece que: “El acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático, representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información”.

En una sociedad democrática amplia e inclusiva es una necesidad vital la vigencia del derecho a la comunicación e información que, correspondiendo a todos y a cada uno de los ciudadanos, cree oportunidades más amplias para la edificación de su ciudadanía, más allá de las reconocidas libertades de expresión y pensamiento.

El acceso a la información pública, de manera oportuna, completa, adecuada y veraz es un requisito indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y pilar fundamental de una gestión pública transparente; particularmente en el acceso a la información necesaria para investigar delitos de lesa humanidad, de violaciones a derechos humanos, delitos de daño económico al Estado y de hechos de corrupción.

Cabe destacar que el derecho constitucional a la petición, individual y colectiva, se convierte en uno de los principales instrumentos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, sin perjuicio de la obligación que se establece en esta ley para las máximas autoridades ejecutivas de todas las entidades del Estado de difundir la información pública que está bajo su responsabilidad en línea y tiempo real.

Entre las características más destacadas de esta ley figuran las siguientes:

  • Es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones y entidades del Estado Plurinacional de Bolivia.
  • Comprende tanto al nivel central del Estado (Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral y otras entidades establecidas por Constitución y la ley) como a los niveles autonómicos y descentralizados, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos.
  • Destaca la doble naturaleza del derecho de acceso a la información pública, como derecho colectivo del pueblo soberano y como derecho individual de todos y cada uno de los ciudadanos.
  • Acceso gratuito a la información pública; con costos de reproducción a cargo del peticionario si así lo solicita.
  • Reconoce el carácter de representantes naturales de la sociedad en su conjunto de los periodistas y medios de comunicación para el acceso al derecho a la información, aumentando las exigencias de fundamentación en caso de negativa.
  • Coloca a la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada Entidad en posición de garante del acceso a la información pública para que no pueda justificarse con las faltas y omisiones de su personal subalterno.
  • Obliga a todas las entidades del Estado a procesar y difundir en línea y tiempo real la información pública que esté bajo su responsabilidad, para que los ciudadanos tengan posibilidad de acceso irrestricto e inmediato desde cualquier plataforma o mecanismo virtual.
  • Dispone los contenidos mínimos de publicación en línea y tiempo real de información relativa a la organización, estructura, políticas, programas, proyectos, licitaciones y contrataciones, contenidos básicos de los contratos, especialmente en cuanto a precios, cantidades y volúmenes.
  • En el ámbito del sistema legislativo aclara que el acceso a la información comprende toda la actividad y documentación legislativa y administrativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional; y la presencia en sesiones del Pleno, de las Cámara, de las Comisiones y de los Comités, así como la instalación de monitores o pantallas grandes, en los espacios aledaños a los hemiciclos, para el seguimiento de las deliberaciones legislativas por cualquier persona y los periodistas y medios de comunicación. En casos de alto interés nacional, la bancada del oficialismo o cualquier bancada de la oposición podrán solicitar la instalación de monitores o pantallas grandes en el frontis que da a la calle del edificio legislativo. 

Exige la amplia difusión y publicación de todo proyecto de ley o de decreto presidencial sujeto a aprobación legislativa, por lo menos tres (3) días antes de su tratamiento legislativo en un Comité, Comisión o Pleno de las Cámaras o de la ALP, para evitar situaciones sorpresivas y de mala fe con relación a conculcación de derechos de diferentes sectores de la sociedad civil y personas en general.

  • En el ámbito del sistema judicial el acceso a fuentes de datos de la Policía Boliviana, Ministerio Público y Órgano Judicial sobre casos concluidos y en trámite, tiempo de inicio y finalización de los procesos, personal principal y auxiliar asignado a los mismos, resultados de los procesos, con fines estadísticos y de fiscalización para evaluar el desempeño del sistema como servicio público. Preservando los datos sujetos a la intimidad y privacidad de las personas y los derechos y garantías de los imputados y de las víctimas.
  • En el ámbito del sistema electoral el acceso a fuentes de datos del Órgano Electoral, SEGIP, AGETIC para el contraste y cruce de los mismos, con anticipación al día de la votación en procesos electorales y referendarios, para poder verificar la consistencia, fiabilidad y transparencia del Padrón Electoral.
  • Establece que los casos de secreto, reserva o confidencialidad de la información pública sólo pueden ser definidos por Ley, para evitar la proliferación de decretos y otras normas reglamentarias que discrecional y arbitrariamente amplíen las restricciones a este derecho.
  • En el caso de información confidencial relativa a la seguridad interior y exterior del Estado dispone se desclasificación automática transcurridos 20 años desde el hecho generador; la conservación de la documentación de respaldo y el levantamiento de la reserva por orden de autoridad competente. 
  • Plazos cortos para la respuesta a la petición y negativa limitada a casos de ausencia de la información solicitada en la respectiva entidad, falta de competencia para proporcionarla y calidad de información secreta, reservada o confidencial, conforme a Ley.
  • Creación de Juzgados de Acceso a la Información y/o asignación de esta función a juzgados existentes para la resolución de Quejas por negativa indebida del acceso a la información pública.

No exige patrocinio de abogado para la presentación de la Queja y su trámite judicial en caso de negativa injustificada.

  • Entrada en vigencia de la ley dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su publicación en la gaceta oficial de Bolivia, para que todas las entidades del Estado tengan un tiempo razonable de adecuación institucional, adoptando todas las medidas necesarias y convenientes para la mejor ejecución de la ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El objeto de esta ley es el de garantizar a las personas el libre acceso a la información pública en todas las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y la transparencia de la gestión estatal, como derecho fundamental colectivo del pueblo soberano e individual de todos y cada uno de los ciudadanos. 

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Esta ley es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, del nivel central y de los niveles autonómicos y descentralizados, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, con relación a la información pública generada o producida por ellas y/o a la almacenada o registrada en las mismas, en cualquier tipo de soporte físico o magnético, electrónico, digital o por cualquier otro sistema.

ARTÍCULO 3.- (PRINCIPIOS). Los principios fundamentales del libre acceso a la información pública son los siguientes:

PUBLICIDAD: Toda información que genere y/o posea cualquier institución estatal es pública. Las personas tendrán el derecho de acceso oportuno e irrestricto a la misma, salvo excepciones expresamente previstas por leyes vigentes.

En ningún caso podrá ser amparada bajo secreto, reserva o confidencialidad información referida a la comisión de delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, corrupción en el ejercicio de funciones públicas y daño económico al Estado.

ACCESIBILIDAD: Las entidades estatales procesarán la información pública en línea y tiempo real, al momento de su producción o registro, garantizando el acceso  cibernético, digital, o en soporte físico, de cualquier persona de manera permanente y continua; sin interrupciones  voluntarias o deliberadas, excluyendo exigencias o requisitos  que lo obstruyan, dificulten o impidan.

OBLIGATORIEDAD: Toda entidad estatal tiene la obligación de entregar y/o facilitar el acceso a la información pública de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que solicite cualquier persona, sin discriminación alguna, salvo aquella que esté sujeta a reserva o confidencialidad, así como la de procesarla en línea y en tiempo real, y la de publicarla y actualizarla de manera permanente.

REPRESENTATIVIDAD: Los periodistas y los medios de comunicación, en su trabajo informativo, son los representantes naturales de la sociedad en su conjunto, y su acceso oportuno a la información pública es determinante para que cumplan adecuadamente este rol, sin perjuicio del derecho de cualquier ciudadano al libre acceso a la información. Únicamente mediante resolución fundamentada de la autoridad competente, en caso de reserva, secreto o confidencialidad, conforme a Ley, se podrá denegar su acceso a la información pública solicitada.

EFECTIVIDAD: La Máxima Autoridad Ejecutiva de la respectiva entidad, es la autoridad encargada, por su posición de garante, de adoptar todas las acciones y medidas que garanticen la transparencia de la gestión estatal y un acceso oportuno y efectivo a la información pública bajo su cargo. El incumplimiento de deberes de sus subordinados en el acceso a la información pública de la entidad, no los exime de esta responsabilidad.

GRATUIDAD: El acceso a la información pública es gratuito. Cuando existan costos de reproducción, éstos deberán ser cubiertos por el solicitante.

ARTÍCULO 4.- (DERECHO A LA INFORMACIÓN). El derecho constitucional de acceso libre a la información pública, en su titularidad y ejercicio corresponde a todas las personas, para el ejercicio pleno de la ciudadanía, la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión pública, y el fortalecimiento permanente dela democracia.

ARTÍCULO 5.- (LEGITIMACIÓN). En ejercicio de los derechos constitucionales de información y petición, toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente, está legitimada para solicitar y recibir información pública completa, adecuada, oportuna y veraz de cualquier entidad del Estado.

ARTÍCULO 6.- (ACCESO A LA INFORMACIÓN). Las Máximas Autoridades Ejecutivas deben asegurar el acceso a la información a todas las personas sin distinciones de ninguna naturaleza, estableciendo la estructura y procedimientos internos de las entidades públicas bajo su dependencia, que permitan brindar información completa, adecuada, oportuna y veraz; así como el acceso a la información en línea y tiempo real.

ARTÍCULO 7.- (REGULACIÓN DE EXCEPCIONES). I. El acceso a la información pública sólo podrá ser negado de manera excepcional y motivada, únicamente respecto a aquella información que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes se encuentre clasificada como secreta, reservada o confidencial. Esta calificación no será, en ningún caso, discrecional de la autoridad pública.

II. Levantado el secreto, la reserva o la confidencialidad por autoridad competente, de conformidad a leyes vigentes, la información solicitada será proporcionada de manera oportuna y preferente.

ARTÍCULO 8.- (RÉGIMEN DE SECRETO, RESERVA O CONFIDENCIALIDAD). 

I. Únicamente una norma con rango de Ley puede establecer, dentro del marco de la Constitución, los casos de secreto, reserva o confidencialidad de la información pública y las formas y procedimientos de clasificarla y desclasificarla.

II.  La información pública secreta, reservada o confidencial relativa a la seguridad interior o exterior del Estado se sujetará al siguiente régimen:

a.    Conservación indefinida de la documentación respaldatoria.

b.    Levantamiento   del   secreto, reserva   o   confidencialidad   por   orden    de autoridad competente.

c.    Levantamiento del secreto, reserva o confidencialidad, transcurridos veinte años (20) años desde el momento del hecho generador de la información. La autoridad a cargo de la misma, transcurrido este plazo, la desclasificará y pondrá en conocimiento público, garantizando su acceso libre e irrestricto; bajo responsabilidad por incumplimiento de deberes en caso de no hacerlo.

ARTÍCULO 9.- (ALCANCE EN EL SISTEMA LEGISLATIVO).- I. El acceso a la información pública comprenderá, además del acceso a toda la actividad y documentación legislativa y administrativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la presencia libre e irrestricta de cualquier persona y de los periodistas y medios de comunicación en las sesiones del Pleno de la ALP, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de sus respectivas Comisiones y Comités, salvo aquellas sesiones que sean declaradas reservadas conforme a Constitución o Ley.

II. En caso de que por razones de espacio o de emergencia sanitaria esté limitado cuantitativamente el acceso físico de las personas, se habilitarán para todo tipo de sesiones, salvo las reservadas conforme a Constitución o Ley, monitores y/o pantallas grandes, en los espacios interiores de la ALP aledaños a los hemiciclos de sesiones, para que toda persona y los periodistas y medios de comunicación puedan acceder a los debates parlamentarios. En casos de alto interés nacional, a pedido de la bancada oficialista o de cualquier bancada de oposición, también se instalarán, en el frontis que da a la calle del edificio legislativo.

III. Todo proyecto de ley o de decreto presidencial sujeto a aprobación legislativa, será ampliamente publicado y difundido, por lo menos tres (3) días antes de su tratamiento legislativo en un Comité, Comisión o Pleno de las Cámaras o de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

IV. La Máxima Autoridad Ejecutiva que asume la posición de garante para el cumplimiento de esta ley, es el Vicepresidente del Estado en el Pleno de la ALP, el   Presidente del Senado en la Cámara de Senadores y el Presidente de Diputados en la Cámara de Diputados.   

ARTÍCULO 10.- (ALCANCE EN EL SISTEMA JUDICIAL). I. Además de la información pública que no esté sujeta por Ley a secreto, reserva o confidencialidad, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, proporcionarán a los peticionarios toda la información o, alternativamente, facilitarán su acceso a las bases de datos y constancias documentales, relativa a la naturaleza y número de casos que han sido o son de su conocimiento, estado actual de su tramitación, fecha de inicio y finalización de los procesos, tiempo de duración de las causas, personal principal y auxiliar asignado a los mismos, y todo otro dato estadístico que sea relevante para evaluar el desempeño del sistema como servicio público de acceso a la justicia.

II. En el formato de entrega o acceso a la información se tomarán los recaudos pertinentes para no afectar la privacidad de las personas en litigio ni las garantías constitucionales y legislativas de los imputados y víctimas de delitos.

ARTÍCULO 11.- (ALCANCE EN EL SISTEMA ELECTORAL).- I. Además de la información pública que no esté sujeta por Ley a secreto, reserva o confidencialidad, el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Departamentales Electorales, el SEGIP, AGETIC y cualquier otra repartición encargada de la identificación y procesamiento de datos, proporcionarán a los peticionarios toda la información relativa a sus registros que sea conducente para el cruce y contraste de datos, a los efectos de determinar la consistencia, confiabilidad y transparencia del Padrón Electoral y de los procesos electorales y referendarios 

II. Esta información será proporcionada con una anticipación de por lo menos treinta (30) días al día de la votación. 

III. En el formato de la información se tomarán los recaudos pertinentes para no proporcionar los datos que hacen al ámbito de la intimidad y privacidad de las personas.

ARTÍCULO 12.- (MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN). Las personas pueden acceder a la información pública a través de páginas electrónicas-digitales, publicaciones o cualquier otro formato de difusión y, mediante el ejercicio del derecho de petición, a través de las Unidades de Información que las Máximas Autoridades Ejecutivas habilitarán en cada una de las entidades bajo su cargo o a través de otra repartición existente a la que dicha autoridad le asigne expresamente esta función. 

a. Descripción de sus funciones, estructura, horarios de funcionamiento, teléfonos y direcciones de sus oficinas centrales y regionales.

b. Normativas institucionales, reglamentarias y específicas, políticas, objetivos y lineamientos de gestión. 

c. Presupuesto aprobado por el Tesoro General de la Nación para la entidad.

d. Nómina de servidores públicos y consultores permanentes y eventuales. pagados por el TGN o por otras fuentes de financiamiento.

e. Datos de licitaciones y contrataciones directas y por excepción, contratos de bienes, obras y servicios y convenios celebrados por la institución.

f. Programas Operativos Anuales.

g. Reportes anuales de ejecución presupuestaria.

h. Planes anuales de Contratación de Bienes y Servicios enviados al Sistema de Información de Contrataciones del Estado – SICOES y reportes actualizados de su ejecución.

ARTÍCULO 13.- (PUBLICACIÓN OBLIGATORIA). I. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán publicar y actualizar, a través de sus respectivas páginas oficiales electrónicas – digitales, la siguiente información mínima, sin que esto signifique que el acceso a la restante información estérestringido:

II. Los convenios y tratados internacionales vigentes para el país, así como los instrumentos relativos a su celebración y vigencia, serán publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia.

III. Las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada entidad, publicarán en la página oficial electrónica – digital toda la información pública que produzcan y/o registren las entidades que presiden, en tiempo real, de manera simultánea al hecho o acto que origina la información o su registro; especialmente toda la información relativa al manejo económico y administrativo de la respectiva entidad; realización de programas y proyectos, licitaciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, incluyendo su estructura y escalas salariales vigentes.

ARTÍCULO 14.- (PETICIÓN DE INFORMACIÓN). I. Los peticionarios, debidamente identificados, solicitarán la información pública de manera verbal o escrita a la Unidad de Información establecida al efecto.

II. El servidor público responsable llevará un registro de todas las solicitudes presentadas. La información será puesta a disposición del solicitante en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, salvo caso de negativa justificada en las causales de secreto, reserva o confidencialidad establecidas en Leyes vigentes.

III. En caso de negativa justificada a solicitudes de periodistas y/o medios de comunicación, la autoridad competente emitirá resolución debidamente fundamentada. En su defecto, la negativa será considerada injustificada.

IV. No será exigible la justificación del pedido ni el patrocinio de abogado para la presentación desolicitudes.

ARTÍCULO  15.- (FORMATO DE LA INFORMACIÓN). I. Toda entidad pública tiene la obligación de proveer la información requerida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella y que se encuentre bajo su responsabilidad o el ámbito de su competencia.

II. La entidad sólo tiene la obligación de entregar la información en el estado y forma en que se encuentre. El peticionario no podrá requerir un cambio de formato o que se expida la información de una manera diferente a la que se encuentra almacenada o archivada en la entidad.

III. De conformidad al principio de gratuidad, el peticionario que requiera información deberá abonar únicamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida.

ARTÍCULO 16.- (INFORMACIÓN ADICIONAL). La petición de información pública adicional a la recibida no implica la obligación de la entidad de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse la petición.

ARTÍCULO 17.- (INFORMACIÓN PARCIAL). En caso de que una fuente contenga información parcial o remita a otras fuentes, la entidad pública deberá permitir el acceso a toda la información que se encuentre disponible con relación a ese caso.

ARTÍCULO 18.- (NEGATIVA JUSTIFICADA). I. La negativa justificada a la entrega de la información, sólo podrá fundamentarse en las siguientes causales:

a. Secreto, reserva o confidencialidad establecidas de manera expresa en Leyes vigentes, salvo caso de levantamiento de esta calidad por autoridad competente, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

b. Inexistencia de la información solicitada en los registros o archivos de la entidad.

c. Falta de competencia para proporcionar la información, cuando ésta le corresponda a otra entidad.

II. La autoridad competente deberá comunicar por escrito al peticionario su negativa fundada en las causales precedentes, señalando las limitaciones y motivos que justifican la no entrega de la información solicitada. En caso de negativa a periodistas y medios de comunicación, la negativa deberá constar en una resolución fundamentada.

III. La autoridad deberá orientar al peticionario, por escrito, el posible destino o ubicación de la información, cuando ésta no exista en sus archivos o registros o no esté dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 19.- (NEGATIVA INDEBIDA) I. En caso de negativa indebida, falta de respuesta o restricción ilegal al derecho a la información, el peticionario podrá acudir en queja ante los Juzgados de Acceso a la Información, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día de la presentación de su queja, se pronuncien:

a. Aceptando la queja y ordenando a la autoridad que proporcione la información requerida dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de remitir antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por incumplimiento de deberes.

b. Rechazando la queja cuando fuera infundada.

II. La presentación de la queja no requerirá patrocinio de abogado, y en el procedimiento judicial sumarísimo la autoridad demandada únicamente participará con la remisión de su informe al juez sobre las razones de su negativa.

ARTÍCULO 20.- (RESPONSABILIDAD) I. Los servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente ley que incurran en negativa indebida, falta de respuesta o restricción ilegal en la atención de las solicitudes de información pública, independientemente de la responsabilidad administrativa y civil que les corresponda, serán pasibles de responsabilidad penal por delito de incumplimiento de deberes.

II. La autoridad superior que ejerce poder jerárquico, disciplinario o de control, conocido el hecho de la autoridad inferior, presentará denuncia ante el Ministerio Público para la acción penal correspondiente. El peticionario afectado en su derecho podrá presentar denuncia y/o querella ante la misma entidad.

ARTÍCULO 21.- (EXENCIÓN DE SANCIONES). I. El cumplimiento de las disposiciones de esta ley no generará ningún tipo de responsabilidades ni sanciones contra los servidores públicos que proporcionen la información solicitada.

II. Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, entidad o medio de comunicación que divulgue la información obtenida en la aplicación de esta ley, podrá ser objeto de represalias ni de sanciones administrativas y/o judiciales.

III. En caso de divulgación de información sujeta a secreto, reserva o confidencialidad, la responsabilidad recaerá sobre el servidor público que la proporcionó ilegalmente.

ARTÍCULO 22.- (JUZGADOS ESPECIALIZADOS). I. En todas las capitales de Departamento se establecerán Juzgados de Acceso a la Información y/o se asignará esta función a los ya existentes, para el conocimiento y resolución de las Quejas presentadas por los afectados en caso de negativa a la información pública solicitada. Si las necesidades del servicio así lo requieren, se habilitarán también estos Juzgados en otras circunscripciones territoriales.

II. Los jueces designados tendrán conocimientos o experiencia en materia de Derechos Humanos y/o Derecho Constitucional.

III. Conocerán las causas a pedido de parte interesada, de conformidad a lo establecido en esta ley, en única y definitiva instancia.
IV. En caso de rechazo de la Queja, el afectado podrá interponer Acción de Amparo Constitucional.

V. La presentación y trámite de la queja no requerirá de patrocinio de abogado.

ARTÍCULO 23.- (MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN). I. Toda entidad pública deberá adoptará medidas administrativas que garanticen y promuevan la transparencia y el acceso a la información pública, especialmente en cuanto a personal, infraestructura, equipamiento, organización, procedimientos, sistematización y publicación, para el trabajo eficiente y efectivo de la Unidad Ejecutora o responsable del procesamiento de las solicitudes de información.

II. Las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada entidad, promoverán acciones dirigidas a crear en la sociedad una cultura de acceso a la información a través de planes de sensibilización pública; programas de capacitación y actualización de servidores públicos; evaluaciones y monitoreos periódicos del cumplimiento y ejecución de esta ley.

III. El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará las partidas presupuestarias que correspondan para el cumplimiento y ejecución de esta ley.

DISPOSICIONES FINALES.

ÚNICA.- (VIGENCIA).- Esta ley entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA.- (ADECUACIÓN INSTITUCIONAL).- Dentro del plazo establecido para su puesta en vigencia, las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada entidad adoptarán las medidas necesarias y convenientes para su óptima ejecución, con la adecuación de las partidas presupuestarias que correspondan a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y la creación de los Juzgados de Acceso a la información y/o asignación de esta función a los ya existentes a cargo del Consejo de la Magistratura.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA.- (DEROGACIÓN Y ABROGACIÓN) I. Se abroga el Decreto Supremo N° 28168 de 17 de mayo de 2005.

II. Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

La Paz, 23 de febrero de 2021.

CC denuncia que el MAS pretende dejar impunes violaciones de Derechos Humanos con Decreto Presidencial

CC denuncia que el MAS pretende dejar impunes violaciones de Derechos Humanos con Decreto Presidencial

(Comunidad Ciudadana, 11 de febrero). – En conferencia de prensa, los Jefes de Bancada de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos y Carlos Alarcón, denunciaron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobará, con su rodillo parlamentario, un Decreto Presidencial inconstitucional con el que pretende dar impunidad a violaciones de Derechos Humanos cometidos durante los conflictos políticos y sociales de 2019 y 2020. 

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó a una Sesión de Asamblea para el vienes 12 de febrero, para considerar la “solicitud de aprobación del Decreto Presidencial que tiene por objeto establecer la consesion de amnistía e indulto, por razones humanitarias”. 

Al respecto, la senadora Barrientos,bdijo que el partido de gobierno quiere dejar impunes varios hechos de violencia que cobraron vidas humanas y daños materiales de consideración. 

“Se va a generar amnistías e indultos para quienes han bloqueado ciudades, para quienes han vulnerado Derechos Humanos, para quienes han abusado sexualmente a mujeres en Challapata, para los hechos acontecidos en Vila Vila, en Montero, los múltiples destrozos a la propiedad privada y a la propiedad pública en los diferentes departamentos del país; son hechos que no debemos dejar pasar” señaló Barrientos. 

Por su parte, el diputado Alarcón, cuestionó al masismo y su intención de “encubrir objetivos aviesos bajo pretextos nobles; en este caso, en el Decreto, por una parte, se quiere regular la amnistía y el indulto para situaciones de retardo procesal en juicios o en casos ordinarios, pero ese no es el verdadero objetivo del Decreto, el verdadero objetivo es generar situaciones de impunidad que van contra la Constitución Política del Estado”. 

El numeral 2 del Decreto Presidencial 4166, señala “Restablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Alarcón señaló también que “bajo el relato del golpe de Estado que maneja el Movimiento Al Socialismo, lo que se pretende es generar situaciones de impunidad de diferentes ciudadanos que han participado de manera violenta en estos grupos de choque entre ciudadanos”.

Los legisladores anunciaron que toda la Bancada de CC rechazará la aprobación del Decreto Presidencial debido a que no es posible –según reglamento- hacer modificaciones como en el tratamiento de una ley y lamentaron que será aprobado con el rodillo parlamentario del MAS.  

CC alerta sobre Proyecto de Ley que atenta contra la educación, la estabilidad laboral de maestros y los colegios privados

CC alerta sobre Proyecto de Ley que atenta contra la educación, la estabilidad laboral de maestros y los colegios privados

(Comunidad Ciudadana, 09 de febrero).- En conferencia de prensa, el Diputado y Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, alertó que el “Proyecto de Ley sobre Sistemas de Complementariedad Educativa y Seguro de Salud y Vida para Niñas, Niños y Adolescentes en Edad Escolar” propuesto por oficialismo, atenta contra la educación, la estabilidad laboral de maestros y colegios privados, por lo que pidió que sea tratado en una Audiencia Pública en la Comisión de Educación y Salud con los representantes de los sectores involucrados.

“Le he pedido (al presidente de la Comisión de Educación y Salud) que es imprescindible para el tratamiento de esta Ley, como no se hizo con el caso de la Ley de Emergencia Sanitaria, que se convoque a los representantes de los sectores de maestros, padres y madres de familia y de colegios particulares, que son los que tienen que ver con el tratamiento de los artículos de esta Ley” señaló el legislador. 

El artículo 50 del reglamento de la Cámara de Diputados, establece que “Cada Comisión o Comité destinará una de sus sesiones semanales a la realización de Audiencias Públicas en las que las ciudadanas o ciudadanos o representantes de la instituciones puedan hacer conocer sus planteamientos en torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión”.

Según Proyecto de Ley observado por el opositor, el artículo 4, numeral 2 señala que “En caso de clausura del calendario escolar implicará la resolución del contrato sin pago de mensualidades posteriores a la determinación de la autoridad educativa”. 

“El Estado también debería precautelar la situación de los maestros, ¿o quién les va a pagar a los maestros de los colegios privados en todos esos meses donde no haya un pago de los padres? La CPE dice que es una obligación financiera fundamental del Estado garantizar el sistema y el acceso a la educación en Bolivia” manifestó Alarcón. 

Otro de los artículos observados menciona que “Las modalidades educativas complementarias opcionales serán aplicadas en virtud a las realidades: municipales, regionales o departamentales”

“Con estas leyes, lo que hace el oficialismo es deslindar las responsabilidades constitucionales del gobierno nacional para trasladársela a los propios colegios, en este caso con afectación a los maestros, y en el caso del currículo regionalizado se lo traslada a nivel municipal cuando es el Estado el que tiene que garantizar una educación igual para todos según la Constitución” afirmó el legislador.

CC INTERPONE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA CONTRA LA SUPRESIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

CC INTERPONE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA CONTRA LA SUPRESIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

(Comunidad Ciudadana, 02 de febrero).- Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón y Marcelo Pedrazas, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la supresión de la carrera administrativa y otras dos normas de la Ley del Presupuesto General del Estado que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y la Constitución Política del Estado.

En conferencia de prensa, el diputado Alarcón manifestó que “la defensa que pretendemos con esta Acción de Inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que ver con la desinstitucionalización del Estado; la eliminación de la carrera administrativa es la toma de asalto que hace el MAS al Estado, a la gestión pública, y como trofeo de guerra, elimina la carrera administrativa vulnerando derechos constitucionales básicos y el derechos al trabajo estable, con el propósito de que no exista ningún funcionario que pueda mantenerse en la carrera administrativa al margen de la arbitrariedad, del abuso y de la prepotencia del MAS”.

La disposición séptima, parágrafo II de la Ley del Presupuesto General del Estado, señala que “Los servidores públicos que formen parte de la carrera administrativa o que se encuentren tramitando el acceso a la misma bajo el régimen de la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, deberán realizar la presentación de la documentación adicional definida según la reglamentación señalada en el Parágrafo precedente, por lo cual su calidad de servidores públicos de carrera administrativa queda suprimida a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley”. 

Por su parte, el diputado Pedrazas, cuestionó la forma en la que el partido de gobierno administra el Estado, dando continuidad a la designación de cargos interinos en instituciones públicas.

“El MAS ha hecho recurrente en la práctica de la administración pública mantener los interinatos, y ahora con esta norma, quiere aplicar retroactivamente la eliminación de la carrera administrativa de personal que ya está dentro de esta norma; lo que nosotros cuestionamos es la forma en como el MAS está administrando el Estado; lo que estamos haciendo al designar interinatos es que estas personas que ocupan estos cargos no respondan a los fines de las instituciones públicas, en realidad, responden a un grupo de poder, a un grupo que maneja el Estado y que solamente pretende reproducir el poder” señaló el legislador.  

Asimismo, los diputados de CC impugnaron la usurpación de competencias a la Cámara de Diputados, que de acuerdo al parágrafo II de la Ley del Presupuesto General del Estado, otorga al Ministro de Economía y Finanzas Públicas la facultad de “elevar la terna al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, tanto para el cargo de Presidente de Directorio como para cada uno de los cuatro (4) Directores que asumirán como miembros del Directorio durante el periodo de transición”. 

“Otra norma que ha sido impugnada en esta acción de inconstitucionalidad, tiene que ver con la usurpación de competencias a la Cámara de Diputados para la designación de Presidentes y Directores de entidades económicas y sociales, que tampoco tiene nada que ver con el Presupuesto General del Estado; se ha incorporado un artículo donde ya no es la Cámara de Diputados la que hace la terna para que el Presidente designe al Presidente y Directores de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo de manera interina, sino que el que hace las ternas es el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de acuerdo a esta Ley inconstitucional” precisó Alarcón.

La tercera norma observada por los legisladores, es  que “vuelven a poner en vigencia una cantidad numerosa de artículos de leyes financiales de años anteriores cuando la Constitución claramente señala que una ley financial solo puede tener por vigencia el año específico para el cual ha sido sancionada” finalizó Alarcón.

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MESA ANUNCIA QUE DESDE EL SENADO SEGUIRÁN EXIGIENDO CAMBIOS EN LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA

MESA ANUNCIA QUE DESDE EL SENADO SEGUIRÁN EXIGIENDO CAMBIOS EN LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA

(Comunidad Ciudadana, 30 de enero).- El presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, anunció hoy que su bancada en la Cámara de Senadores, insistirá en la demanda de cambios en el Proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, aprobado ayer en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialistas, en ausencia de los parlamentarios de la oposición.

“Apoyamos protesta del sector salud y seguiremos la lucha desde el Senado”, señaló el ex presidente en su cuenta de twitter la mañana de hoy, en referencia a las protestas que surgieron en las últimas horas, por parte de diversas instituciones colegiadas de trabadores del sector salud como el Colegio Médico de Cochabamba, el Sindicato de Médicos y Ramas Afines de La Paz, el Consejo Departamental de Salud de Santa Cruz, la Federación de Trabajadores en Salud Pública de Cochabamba, entre otros, que reclaman aspectos referidos al derecho a la protesta, la exclusión del sector de la planificación en la lucha contra el COVID y la posibilidad de contratar médicos extranjeros en las mismas condiciones que los nacionales.

Según Mesa, “la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, con tantas vulneraciones a la CPE, dificulta gravemente la lucha contra el COVID19 y vulnera los derechos constitucionales de los médicos y de la ciudadanía”.

El día de ayer, la bancada de Diputados de Comunidad Ciudadana presentó un comunicado donde exponía las razones de su rechazo a la aprobación del proyecto de Ley, en el que además identificaba la vulneración de por lo menos 9 artículos de la Constitución Política del Estado, (11; 21 num.6; 40; 53; 241.I; 242 num.1 y 2; 297.I num.3; 299.II.num 2; y 46.I.num.1). En declaraciones a la prensa, el jefe de Bancada de CC Carlos Alarcón, adelantó que presentaría una Acción de Inconstitucionalidad en caso de que la ley sea aprobada en los términos actuales.

La mañana de hoy la Asociación de Municipalidades de Bolivia reclamó también por aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque considera que la norma vulnera las autonomías en relación a las competencias en administración de salud.

POSICIÓN DE COMUNIDAD CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA SANITARIA

La Bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados rechaza el proyecto de ley de Emergencia Sanitaria del Órgano Ejecutivo, por las siguientes consideraciones:

1.-  No es un proyecto concertado ni consensuado con los médicos y el personal de salud que es el sector directamente involucrado y especializado en esta problemática, el más afectado en su dedicación y empeño en proteger de esta pandemia a toda la población, y el que mejores resultados ha alcanzado en su contención y mitigación (arts. 11, 40, 241.I, 242 num.1 y 2 CPE).

2.- Es un proyecto hipercentralista que desconoce la competencia concurrente de los gobiernos subnacionales en la gestión del sistema de salud, dejando de lado la amplia experiencia adquirida por los gobiernos departamentales y municipales en la contención de la pandemia (arts. 297.I num.3, 299.II.num 2  CPE).

3.- El Consejo Nacional Estratégico sólo está compuesto por Ministerios (lo pueden conformar hasta Directores Generales) y no incluye representación de los Colegios Médicos y Gremios del Personal de Salud, ni de los especialistas en las diferentes fases de la enfermedad, ni de las autonomías departamentales, municipales e indígena originario campesinas.

4.- Prohíbe el ejercicio de los derechos constitucionales a la huelga, la protesta y la formación académica de los médicos y el personal de salud, sin tomar en cuenta la Sentencia Constitucional Plurinacional 0326/2019 – S2, de 29 de mayo de 2019 del TCP, que en relación únicamente a las restricciones del derecho de huelga para garantizar la continuidad de los servicios de salud, exige una ley especializada que determine los deberes del Estado para evitar el conflicto y garantice las compensaciones al sector salud (arts. 46.I.num.1, 53 CPE)

5.- Permite la contratación de profesionales médicos extranjeros, sin priorizar, en primer lugar, la contratación de nacionales, que tienen un alto nivel de formación y especialización, en segundo lugar, la recontratación de todo el personal médico con contratos vencidos, y en tercer lugar la creación significativa de ítems de todo el personal de salud, en una época de agudo desempleo.

6.- Permite cláusulas de confidencialidad en contratos de adquisición de bienes y servicios en contra del derecho a la información de los ciudadanos y de la transparencia en la gestión de la cosa pública (art. 21 num.6 CPE)

7.- No determina cual es la naturaleza y alcance de las medidas alternativas de las personas que decidan no vacunarse, dejando esta delicada determinación a la discrecionalidad del Ministro de Salud.

8.- Como mecanismo de control prioriza las medidas punitivas en lugar de las preventivas, educativas y comunicacionales.

En lugar de los 30 días para la reglamentación de la Ley, el Presidente del Estado, en las próximas 48 horas, mediante decreto supremo, puede adoptar las siguientes medidas del proyecto de Ley que son convenientes para la población:

  1. La gratuidad y voluntariedad de la inmunización gestionada por el Estado, complementada con la adquisición de las vacunas certificadas internacionalmente, por los centros de salud no estatales y cadenas de farmacias 
  2. El consentimiento informado para la inmunización 
  3. La presentación de los laboratorios farmacéuticos industriales nacionales y las importadoras a la AGEMED de las listas de precios máximos de venta de medicamentos y dispositivos médicos a establecimientos farmacéuticos públicos y privados, su aprobación y publicación por la AGEMED, para su cumplimiento obligatorio.
  4. El procedimiento abreviado para el Registro Sanitario y la homologación de productos importados 
  5. La prohibición de depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en establecimientos de salud del Subsector privado.
  6. El aislamiento sanitario por 14 días calendario de personas que ingresen al territorio nacional provenientes del exterior 
  7. La utilización de la medicina tradicional para la prevención y contención de enfermedades.
  8. La comercialización de Jet Fuel A – 1 Nacional por YPFB a empresas públicas de transporte aéreo que operen en el país para rutas internacionales.
  9. Control sanitario en fronteras, con opción de suspensión de vuelos de ingreso a Bolivia, cierre de fronteras y regulación de requisitos de ingreso a Bolivia.
  10. Contrataciones directas de bienes, obras y servicios durante la emergencia sanitaria para la prevención y atención inmediata de la población afectada.
  11. Contratación de personal médico, de enfermería y técnicos de salud, estudiantes de medicina y médicos jubilados, con convocatorias públicas que prioricen a los mejores especialistas y ciudadanos bolivianos.
  12. Despachos aduaneros en 24 horas de insumos, medicamentos, dispositivos médicos, equipamientos y reactivos que hayan sido importados para la emergencia sanitaria.
  13.  Exención del pago de tributos aduaneros para importaciones efectuadas por el sector público, durante la emergencia sanitaria, de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, insumos, reactivos y equipos médicos y simplificación de trámites aduaneros. 
  14. Medidas de prevención, educación y comunicación para contrarrestar la pandemia y, en casos, extremos, sanciones administrativas para los infractores.

La Paz, 29 de enero de 2021

COMUNIDAD CIUDADANA APOYA DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LAS AFPs PERO EXIGE GARANTIZAR ESTABILIDAD FINANCIERA Y PROTEGER LAS RENTAS

COMUNIDAD CIUDADANA APOYA DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LAS AFPs PERO EXIGE GARANTIZAR ESTABILIDAD FINANCIERA Y PROTEGER LAS RENTAS

(Comunidad Ciudadana, 26 de enero).- A través de un comunicado público, la Alianza Comunidad Ciudadana calificó como adecuada la devolución de aportantes de las AFP, como mecanismo para aliviar la situación económica de los trabajadores que han perdido su trabajo y para inyectar recursos y estimular la demanda agregada. Sin embargo, señaló que el gobierno debe evitar que con esta medida “se produzcanriesgos para los trabajadores, para la economía en general y para la estabilidad del sistema financiero nacional”.

“(Al aplicar esta medida) se debe tomar las previsiones para proteger las futuras rentas de jubilación de los trabajadores y garantizar que no se afecte la estabilidad cambiaria, para ello es necesario que la devolución de aportes incorpore mecanismo que incentiven el ´compro boliviano´”, señala el comunicado que fue presentado por Antonio Roca, Diputado por La Paz y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja.

Con relación al Proyecto de Ley de devolución de aportes presentado por el gobierno, y que se debatirá en la ALP desde este miércoles, Roca explicó que la Alianza CC tiene observaciones de fondo en tres aspectos: la devolución parcial, devolución total y exclusiones.

Sobre la devolución parcial, CC está de acuerdo con que sea voluntaria y hasta un 15%, sólo para aquellos trabajadores que hayan perdido su empleo y no perciban una remuneración del sector privado o público. Sin embargo, rechaza que la devolución parcial beneficie solo a los trabajadores cuyo ahorro acumulado sea menor o igual a Bs. 100.000. “Esta medida es regresiva, inaceptable y discriminatoria con el resto de los trabajadores cuyo ahorro es mayor, ya sea por llevar muchos años aportando o por tener ingresos mayores”, señala. 

Sobre la devolución total, CC está en desacuerdo con que se beneficie solo a quienes tienen hasta 10.000 Bs y una edad de 58 años. “CC considera que este umbral es discriminatorio y castiga a quienes han sobrepasado dicho umbral y deben espera varios años para cumplir los 58 años que la Ley actual les exige”, argumenta la Alianza. En este aspecto propone que la devolución sea hasta el 20% del aporte acumulado y que el aportante pueda utilizar el saldo no devuelto, como garantía para créditos bancarios, a tasas de interés muy accesibles.

Respecto a las exclusiones en el Proyecto de Ley, CC rechaza la propuesta del MAS de marginar del beneficio a quienes hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. “Esta exclusión es discriminatoria e inaceptable,carece de justificación objetiva y es una represalia política en contra de los trabajadores que ingresaron a trabajar a la administración pública en el gobierno de transición”, señala el comunicado de la Alianza. 

También se rechaza la pretensión de castigar a quienes se beneficien de la devolución parcial o total de aportes, privándolos de su derecho a la “fracción solidaria”. “Esto castiga de una manera cruel a los aportantes más necesitados, lo cual es un contrasentido social, económico y moral”, concluye CC. 

Finalmente, la Alianza que preside Carlos Mesa afirma que más allá de esta medida coyuntural y de emergencia, “el país necesita de una reforma integral al Sistema de Pensiones, modificando la Ley 065 de 2010, orientada a mejorar las rentas de jubilación y ampliar la cobertura, promover la incorporación de nuevos actores financieros al sistema y asegurar mejores rendimientos de los fondos de pensiones que compensen el efecto de la devolución de los aportes”

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ALARCÓN CALIFICA COMO “INSUFICIENTE” LA RESPUESTA DE WILFREDO CHAVEZ SOBRE LA ILEGALIDAD DE SU DESIGNACIÓN

ALARCÓN CALIFICA COMO “INSUFICIENTE” LA RESPUESTA DE WILFREDO CHAVEZ SOBRE LA ILEGALIDAD DE SU DESIGNACIÓN

(Comunidad Ciudadana, 26 de enero).- El Diputado y Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, afirmó hoy que la respuesta del procurador Wilfredo Chávez es “insuficiente” e insistió en su solicitud al Presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que en sesión especial se considere las observaciones al incumplimiento de requisitos para su designación. 

El pasado 8 de enero, Alarcón envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, solicitando con carácter de urgencia que se convoque a una Sesión del Pleno para tratar el procedimiento de objeción de la designación del Procurador General del Estado por vulnerar el art.12 de la “Ley de la Procuraduría General del Estado” que señala en el numeral 10 “No haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento”. 

Al respecto, Chávez respondió que  “Yo no he demandado jamás al Estado boliviano. Sí he demandado a autoridades coyunturales en un cargo público, que es diferente, no es el Estado como tal”. 

El legislador afirmó que la respuesta de Chávez es “insuficiente” pese a que la autoridad reconoció haber fungido como abogado patrocinante en un proceso contra un gerente estatal. 

“La respuesta del Procurador General del Estado de que patrocinó un litigio en contra de un gerente distrital de impuestos y no del Estado es insuficiente; primero porque al haber actuado la autoridad tributaria en ejercicio de sus funciones públicas recaudadoras ha actuado como Estado y no como privado, segundo porque el litigio que ha patrocinado Chávez en contra de esta autoridad se ha referido específicamente al ejercicio de estas funciones y tercero porque se lo observó al ex Procurador Alberto Morales, por dos tercios de legisladores del MÁS, por el patrocinio contra el Estado de un caso también tributario” manifestó Alarcón. 

En conferencia de prensa, Alarcón denunció ayer que Choquehuanca, no convocó a una Sesión Plenaria para tratar las objeciones a la designación de Chávez, ignorando los plazos establecidos en la “Ley de la Procuraduría General del Estado”. “El tema de fondo que tenemos un Presidente que ha hecho una designación ilegal de un procurador que no cumple las condiciones y los requisitos que establece la ley y tenemos un Vicepresidente que está tratando de alguna manera de dilatar o encubrir esta situación para que no se haga la sesión legislativa como exige la Ley de observación, donde además se necesita dos tercios para que proceda la observación”, señaló el legislador

Comunidad Ciudadana denuncia represalia política del MAS por declaración de Carlos Mesa al GIEI y pide garantías a esta instancia

Comunidad Ciudadana denuncia represalia política del MAS por declaración de Carlos Mesa al GIEI y pide garantías a esta instancia

(Comunidad Ciudadana, 21 de enero).- El jefe de bancada de la Alianza Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón calificó como una represalia política las amenazas vertidas la mañana de hoy por el senador del Movimiento al Socialismo Leonardo Loza, quien advirtió que su partido está preparando los procedimientos para iniciar un juicio contra los líderes de la oposición que denunciaron el fraude electoral de 2019.

“(La declaración de Loza) es una represalia política y de criminalización política contra Carlos Mesa y contra otros líderes que han defendido la democracia como consecuencia del fraude y de los hechos de violencia promovidos por el ex presidente Evo Morales y sus altas autoridades en el año 2019, y es una represalia por la carta que el día de ayer ha mandado Carlos Mesa al grupo de expertos de la CDIH que están investigando estos hechos de violencia ocurridos el año 2019”, afirmó Alarcón. 

El día de ayer, el ex candidato y ex presidente Carlos Mesa remitió una carta y cinco carpetas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investiga los conflictos ocurridos en 2019 en el país, donde adjunta documentación impresa y digital, además de videos sobre los hechos de violencia impulsados por Evo Morales tras el fraude electoral y su renuncia.

A pocas horas de esta entrega, el senador del MAS por Cochabamba, afirmó en conferencia de prensa que “el señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros, al margen de avalar y reconocer el golpe de estado, llamaron a una convulsión social, a la quema y toma de instituciones y quema de ánforas del voto del pueblo (…) Estamos trabajando y organizando para cumplir todos los procedimientos para que este tipo de autoridades fracasados políticamente paguen y rindan cuentas ante la justicia boliviana”

Al respecto, Alarcón dijo que “nos parece un cinismo llevado al extremo que el MAS y el Senador Loza le atribuyan a Carlos Mesa hechos de violencia, cuando lo único que ha hecho el 2019 es proteger el voto de millones de ciudadanos frente a los abusos de autoridad y poder de Evo Morales.  Todos ustedes saben que la convocatoria que hizo Carlos Mesa fue una convocatoria a movilizaciones ciudadanas pacificas que defiendan el voto”

Comunidad Ciudadana pide garantías al GIEI

Tras las declaraciones de Loza, el propio Alarcón remitió una carta a Jaime Vidal, Secretario Ejecutivo del Grupo de Expertos donde le solicita “la oportuna intervención del GIEI para que todas las personas que acudimos ante esta instancia de investigación, contribuyendo al esclarecimiento de la verdad, no nos veamos expuestas a represalias politicas/judiciales. manipuladas desde el poder del Estado para ocultar y falsear la verdad histórica de los hechos”.

En la misiva, el diputado señala que la reacción de Loza “es una respuesta del actual gobierno a la carta y constancias documentales presentada al GIEI por Carlos de Mesa Gisbert el dia de ayer, donde se demuestra inequívocamente que tanto nuestro candldato presidencial en las elecciones generales del año 2019 como otros candidatos de Comunidad Ciudadana. fuimos no solo víctimas de un fraude electoral en las elecciones del año 2019, comprobado por la auditoria de la OEA y avalada por la UE, sino también de hechos de violencia promovidos por el régimen de gobierno del ex presidente Evo Morales”.