PRIORIDADES

1. Democracia

Lo que ahora está en juego es la democracia misma, en tanto modelo de vida, aquél por el que apostamos todos y todas.

Necesitamos implementar un shock democrático. Tenemos que darle un contenido real a una democracia que respete los poderes del Estado independientes y separados entre sí, que establezca con claridad que la ley está hecha para ser cumplida y que nadie pueda arrogarse el derecho de estar por encima de la Constitución y sobre todo, de la voluntad popular. Respetamos y hacemos respetar la voluntad popular de la mayoría, protegiendo los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que establecen la igualdad plena, donde ninguna forma de discriminación es permitida. No aceptamos la reelección indefinida.

Creemos en una práctica que debe fundar una nueva justicia en Bolivia, porque hoy es una justicia que ha llegado a los peores niveles de nuestra historia. Es imprescindible generar los mecanismos que garanticen el ejercicio real y pleno de la libertad de expresión, el derecho de asociación, la libertad de consciencia

Es necesario avanzar hacia la consolidación de un nuevo pacto democrático expresado en un Estado de derecho firmemente sustentado en la normativa de derechos humanos sobre la base de la separación e independencia de poderes.

El bien común no puede ser la agregación de intereses particulares y el buen gobierno sólo puede ser resultado de la vigencia plena del Estado social y democrático de derecho, incluyendo en la noción de bien común a todas las formas de vida que comparten el planeta.

Se debe iniciar un proceso verdadero de autonomías departamentales y regionales que responda al mandato de la Constitución y no al desembozado centralismo del actual gobierno.

Es indispensable la reformulación del rol de los partidos políticos, tanto en su función de mediadores con el poder del Estado como en su propia estructura interna, que no responde a los requerimientos del momento que vivimos.

Por estas razones, el nuevo Estado deberá incluir en su diseño y funcionamiento la nueva generación de derechos y deberes para con la naturaleza, además de los derechos humanos.

2. Gobierno Ciudadano

¿Qué es ser de izquierda o de derecha hoy? Nada, porque el paquete que envolvía a unos y otros no sirve.

El gran desafío de la política boliviana es dar el salto al siglo XXI, no de forma sino de fondo. Comprender que los paradigmas de interpretación de la realidad deben cambiar, cambiar el lenguaje, cambiar las categorías, romper los moldes estrechos de lo que se entiende por conservatismo y progresismo.

La recuperación del valor del ciudadano como individuo con conciencia propia, ideas propias, derechos y deberes y, sobre todo, la certeza de que el Estado le permitirá la plenitud del ejercicio de su capacidad creativa y generadora de riqueza, tiene que ver con una lectura de nueva generación de la ciudadanía como categoría política.

Las ciudadanas y los ciudadanos son parte de una comunidad nacional y, como tales, construyen necesariamente redes de interconexión colectiva. Los ciudadanos somos todos, sin excepción -más allá de un lugar geográfico y de una actividad económica concreta-. Nuestra adscripción a diversos y múltiples organizaciones o colectivos fortalece esta idea. La ciudadanía se apoya en la adscripción libre e individual de identidad con características específicas, que no se diluyen sino que se fortalecen. Sobre esa base es que se construye un presente y futuro comunes.

La ciudadana y el ciudadano no son militantes del partido tradicional, son militantes de un país y de una sociedad, son quienes están todos los días trabajando porque creen en Bolivia, porque están dispuestos a salir para votar por una causa, para actuar en favor de ella, para definir su propio futuro.

Planteamos un pacto por una nueva relación entre el Estado y la gente, que desconcentre el poder estatal; que le devuelva el gobierno a la gente; que haga realidad una autonomía plena y verdadera que permita que los gobiernos departamentales, regionales y municipales generen y reciban los recursos necesarios para garantizar la cobertura de los servicios básicos, acceso a salud y educación de calidad.

3. Transparencia

Nunca había cobrado tanto sentido la afirmación de que el poder total corrompe totalmente

En el actual gobierno, Bolivia ha alcanzado los más altos niveles en la percepción de la corrupción de las últimas décadas, según estudios de instituciones reconocidas. La opinión ciudadana en general asume que hay algo de fondo que funciona mal, que ha tocado y manchado profundamente a la política, entendida hoy como un gran estercolero. La tarea para erradicar este flagelo es tan urgente como gigantesca, ya que el delito se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad y del Estado, alimentado por un gobierno que hizo de este tema, un discurso vacío, ya que no tuvo un genuino interés por resolverlo.

Para empezar, se debe dotar a las instituciones del Estado de una fortaleza en la que se sumen la idoneidad, la transparencia y los límites al poder. Hoy, más que nunca, es imprescindible contar con una separación de poderes real. Cobra sentido y plena fuerza la necesidad inescapable de impedir cualquier mecanismo que ayude a la discrecionalidad de los poderosos, sea a través de instrumentos legales que en los hechos estén por encima de la Constitución, sea por la vía de la permanencia indefinida en el poder nacional, regional o local.

Nuestro primer paso será hacer que las cuentas del estado y las estadísticas nacionales sean transparentes ante la ciudadanía. Sabremos cuanto recaudamos y sabremos donde va cada centavo del Tesoro General de la Nación.  Vamos a aprobar una Ley de Acceso a la Información y modificaremos la ley de control social para que las ciudadanas y ciudadanos puedan realmente, conocer y exigir cuentas a quienes administran la cosa pública.

Modificaremos el Sistema de contrataciones estatales a través de una reforma orientada a que el órgano rector de las contrataciones estatales sea independiente del poder político para asegurar la transparencia y la libre competencia.

Garantizaremos el acceso ciudadano a la información gubernamental en sus tres niveles, estableciendo una ley específica y las sanciones efectivas al funcionario que restrinja dicho acceso.

Devolveremos la institucionalidad al servicio civil para que las personas más idóneas sean las que ocupen los cargos de la administración pública en los tres niveles de gobierno con criterios de interculturalidad, paridad y otras formas de inclusión. El sistema también establecerá en todos los niveles estatales, límites al gasto público en la planilla de sueldos y salarios.

Vamos a desmontar el aparato de corrupción que se ha instalado en el Estado, devolviendo la independencia a la Contraloría General del Estado, y creando una institucionalidad autónoma de seguimiento e investigación de este delito, de modo que cumpla con su deber y deje de ser un brazo de persecución e intimidación de los opositores, como la ha construido el actual gobierno.

Vamos a vincular el principio de la ética indisolublemente ligado al de transparencia, de modo que se elimine el espacio gris que a título de relativizar la corrupción, elimina la ética como forma de calificar y sancionar este mal.

4. Justicia

Ya no es posible sostener un sistema de Justicia envilecido desde sus cimientos, fiscales y jueces que encarcelan inocentes, fallos negociados y la ley sometida a los poderosos

Uno de los pocos asuntos en los que hay un acuerdo nacional, es que nuestro sistema judicial es un desastre y que en los últimos años ha empeorado, lo cual parecía casi imposible. Se requiere urgentemente contar con una cúpula judicial capaz de contar con un proyecto y ejecutarlo para sacar de raíz el árbol podrido

Parte importante del problema está, en consecuencia, en la forma de elegir a los magistrados que deben encarar esa tarea. Si bien es verdad que puede cuestionarse el mecanismo anterior de la elección a través del Congreso a partir de dos tercios de votos de sus miembros, no es menos cierto que elegir más de medio centenar de cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, ha demostrado ser una lotería librada más a las posiciones generales del votante en torno al gobierno que a los méritos intrínsecos de los numerosos candidatos en liza.

La única salida posible es que los bolivianos creamos de veras que lo que viene tiene como objetivo cambiar de raíz el sistema. Necesitamos reformar el sistema de justicia  para i) enfrentar la retardación de justicia, ii) erradicar la corrupción en los servicios judiciales, iii) elevar el perfil científico y técnico del capital humano sectorial, iv) implantar la independencia judicial, incluyendo un nuevo método de selección y designación de las más altas autoridades judiciales, v) corregir e innovar la base normativa de la justicia, vi) elevar sustancialmente el presupuesto destinado a la justicia, vii) racionalizar y desarrollar la coordinación entre el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Jurisdicción Indígena-originaria y viii) reformular la estructura penitenciaria.

5. Adiós al Extractivismo

El tiempo se nos ha acabado. Lo que hagamos de hoy en adelante es una carrera para intentar corregir los graves daños que hemos infligido a nuestro único hogar.

La transición más significativa para esta y las futuras generaciones es pasar de una economía basada en materias primas e industrias extractivas hacia una que es sostenible ambientalmente y diversificado en lo productivo. Esta no es una tarea de un gobierno, sino de una generación. Debemos comprender que nuestra primera prioridad es valorar el efecto que causan nuestras acciones en las áreas protegidas sobre nosotros mismos. Debemos considerar la ecuación entre desarrollismo clásico y desarrollo sostenible, analizando en qué proporción la obsesión industrialista para salvar el pan de hoy pone en riesgo a nuestras generaciones futuras. La primera responsabilidad del Estado es garantizar con igual vigor el presente y el futuro de los bolivianos.

Abriremos una nueva era de emprendimiento económico que no esté reñida con la sostenibilidad ambiental. A partir de la concertación nacional, desarrollaremos un plan orientado hacia la desconcentración democratizadora del acceso y gestión de la energía, para la transición energética de mediano y largo plazo.

Iniciaremos una revolución hacia fuentes renovables de energía –desde energía solar fotovoltaica hasta molinos de energía eólica. El cambio propuesto en la matriz energética deberá atender y compensar adecuadamente los impactos derivados. Atraeremos inversión de punta y construiremos un puente global hacia la economía sostenible del siglo XXI.

Es momento de construir ciudades verdes e inteligentes –para dar respuesta a la contaminación ambiental, de agua y de residuos sólidos. Está en nuestras manos construir sistemas de transporte basados en energía eléctrica limpia, en reforestar nuestras ciudades, en introducir alimentación natural y orgánica a nuestras cocinas y mesas.

En nuestro gobierno, iniciaremos una transición de salida del plástico. Crearemos una industria nacional que provea los insumos para esta transición.

6. Equidad de Género

El respeto a la mujer no viene dado, se lucha, se conquista, se arranca y parte de esa tarea nos toca a todos

Mientras las mujeres no puedan tener las mismas oportunidades económicas, educativas, laborales y políticas, libres de discriminación, hostigamiento y violencia, no podremos decir que cumplimos con el primer mandato de la ciudadanía: derechos iguales.

Nuestra lucha por la equidad y la igualdad, tiene la responsabilidad de pasar de lo retórico y de la política del “techo de cristal”, que ha sido el enfoque de este gobierno, a una verdadera igualdad, en donde la mujer sea protagonista, en todos los ámbitos de las decisiones, la planificación y la ejecución de las políticas públicas.  Nuestro principal objetivo es disminuir la violencia, el más grave de los problemas sociales no resueltos, que tienen múltiples causas como la indolencia e incapacidad de los políticos, la ausencia de institucionalidad, la complicidad social y el sostenimiento del machismo en todos los niveles.

Nuestro plan incluye tres ejes: independencia económica, empoderamiento político y liderazgo social.   Entendemos que una de las causas más comunes de la violencia es la desigualdad de oportunidades económicas y laborales que llevan a la dependencia económica de la mujer.  Vamos a promover políticas en los ámbitos educativos, laborales y normativos para priorizar la generación de empleo protegido y apoyo a las iniciativas económicas de las mujeres.  En lo político lograremos la paridad en los gabinetes ministeriales, la dirección de las entidades del gobierno e incluso en los puestos de dirección, en todas las áreas incluyendo política, finanzas, relaciones internacionales.  Asimismo, estableceremos que ningún tema que les sea inherente, como los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia y las políticas de promoción de género y familia, sean decididos por hombres.  En la participación social, promulgaremos normas para que las organizaciones sociales e incluso las instituciones sociales, incluyan la igualdad de género y la paridad, como requisito para su reconocimiento.

7. Empleo

El trabajo digno, sostenible y sin discriminación es un objetivo principal que debemos proponernos, si queremos alcanzar una verdadera justicia social

La meta de toda sociedad, es lograr el empleo pleno, digno, sostenible en el tiempo, con equidad de género y que garantice el acceso a salud gratuita y a una jubilación adecuada. En la Bolivia actual, el problema del empleo tiene tres problemas: empleo precario, discriminación y acoso y falta de empleo joven. Las cifras del desempleo están manipuladas y la informalidad es de hecho un espacio opaco en el que los datos no esclarecen gran cosa. Sus mayores problemas tienen que ver con la precariedad, el escaso o nulo acceso a servicios de seguridad social, la inexistencia de aportes para la jubilación y el incumplimiento de las leyes laborales, sobre todo en lo referido a la edad, horas trabajadas, remuneración justa, descanso y vacaciones.

Vamos a trabajar sobre las desigualdades antes del mercado laboral (en la primera infancia, sobre la paridad de género en el periodo escolar, en la brecha entre ciudadanos que atienden escuelas públicas y privadas), durante la inserción laboral (creando empleos intensivos en conocimiento, creando sistemas de cuidado, defendiendo el bienestar de los consumidores y productores bolivianos) y después del mercado laboral (a través de medidas que redistribuyan vía impuestos, subsidios y transferencias).

Tenemos que vincular la educación media y superior con las demandas del mercado laboral, modernizar la capacitación para el empleo e impulsar la educación para el emprendimiento y la producción.  Se debe erradicar la discriminación y el acoso laboral a través de normas que las sanciones, pero también educando en derechos y reconociendo las buenas prácticas.  La ciudadanía tiene que recuperar a sus organizaciones laborales, hoy cooptadas y al servicio del gobierno, pero también debemos impulsar la generación de un modelo sindical que promueva, defienda y proteja los derechos de las y los trabajadores, a la par de las organizaciones de emprendedores.

8. Economía Sostenible

Las premisas no negociables en economía son: transparencia, bienestar para los ciudadanos, sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Se debe superar la discusión de estatismo versus libre empresa, para construir un modelo mixto y plural: Estado (manejando el sector estratégico y promoviendo la diversificación productiva), mercado y sociedad civil (inversionistas del sector privado nacional e internacional, pequeña y mediana empresa, asociaciones, emprendedores y otros agentes económicos), que coordinan e implementan la diversificación y entablan la democratización de la economía.

El objetivo es reducir la participación relativa de los sectores extractivos en el PIB, reemplazándola progresivamente por manufactura y servicios de generación de valor agregado como los tecnológicos, turísticos, o los de la economía naranja, con especial atención en el fortalecimiento de los micro, pequeños y medianos emprendimientos productivos.

Nos enfocaremos en la diversificación económica, el apoyo a las medianas y pequeñas empresas y el impulso a las vocaciones productivas locales, de modo que el crecimiento sea equitativo entre regiones y sectores.  Vamos a iniciar un gigantesco plan para generar condiciones que faciliten la inversión, la formalización y la innovación, recuperando el “compro boliviano” como política de Estado, que fomente la producción y consumo locales.

Este objetivo de cambio de modelo se logrará mediante una combinación de políticas macroeconómicas y políticas sectoriales, acuerdo público-privado y cualificación de la fuerza de trabajo.

Favoreceremos los clúster innovadores que permitan la industrialización de metales requeridos por la industria de punta, como el litio y el indio, y reorganizará los sectores tradicionales de manera concertada con los trabajadores, los empresarios y los gobiernos municipales.

9. Pobreza, Salud y Educación

Aunque el país ha logrado mejoras sustantivas en la lucha contra la pobreza, sus indicadores sociales básicos siguen siendo los peores de América Latina.

Está en nuestras manos erradicar la pobreza extrema y la desnutrición en el país. La mancha rural de pobreza extrema que se extiende de Cochabamba a Potosí a Chuquisaca tendrá un tratamiento integral en lo económico, social y ambiental.

Nuestro objetivo será la eliminación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza moderada, fortaleciendo la creación de clase media.  Este proceso debe tener como horizonte la igualdad entre el área urbana y rural, esta última olvidada en los planes del gobierno que se concentró en las ciudades, despoblando las zonas rurales en detrimento de la producción.  No solo que protegeremos los bonos y las transferencias sociales, sino que ampliaremos la cobertura del sistema de protección social –creando un nuevo sistema de cuidados que beneficiará a millones de mujeres que no reciben remuneración por trabajo dentro y fuera del hogar.

Se elaborará una Ley General de Salud de consenso nacional que ponga en el centro a la gente y la prevención. Deberá incorporar un código de ética que sancione la negligencia y premie la excelencia. Deberá establecer normas y mecanismos para que se cumplan las competencias exclusivas y concurrentes de los diferentes niveles de gobierno con relación a la salud, así como determinar los presupuestos para dotar de cargos, equipamiento y medicamentos al actual sistema mientras dure dicha transición. Esta Ley deberá contemplar, además, la excelencia del servicio público, gratuito y universal, así como la existencia de servicios privados regulados.

La educación es la base de la economía del conocimiento del futuro. Iniciaremos una transformación de la calidad de la educación en nuestro país. Introduciremos tecnología digital, pruebas PISA e incentivos para la primera infancia y los jóvenes que ni trabajan ni estudian.

Se elaborará una Ley General de Educación de consenso nacional, que reforme y proyecte nuestro sistema educativo, primario, secundario, técnico y superior hacia el futuro, contemplando los desafíos que nos plantea el siglo XXI, como la apropiación de los avances de la ciencia y tecnología, facilitando la conectividad en la totalidad de centros educativos del país. La reforma del sistema educativo deberá contemplar la generación de una nueva currícula regionalizada y una óptima formación de los maestros.